El Plan de Transición 5.0, como se detalla en el Artículo 38 del Decreto-Ley 19/2024, introduce un nuevo crédito fiscal destinado a fomentar inversiones en instalaciones de producción ubicadas en Italia.
Este incentivo está disponible para empresas residentes y organizaciones estables de empresas extranjeras, independientemente de su forma legal, tamaño o régimen de determinación de ingresos.
El requisito principal es que las nuevas inversiones deben estar relacionadas con estructuras de producción situadas dentro del territorio italiano.

Esta disposición sigue de cerca las directrices establecidas por la Ley 178/2020 para el crédito 4.0, permitiendo la referencia a aclaraciones previamente proporcionadas.
El término 'empresas residentes' abarca una amplia gama de entidades, incluidas empresas individuales, sociedades (Snc y Sas), corporaciones (Srl, Spa y Sapa), cooperativas y compañías de seguros mutuos.

Además, el beneficio se extiende a entidades no corporativas dedicadas principalmente a actividades comerciales.
Las entidades no comerciales también pueden aprovechar el crédito 5.0, pero solo para inversiones realizadas dentro de sus actividades empresariales.
Las empresas agrícolas que determinan sus ingresos según el Artículo 32 del Tuir, así como las redes empresariales (según la Circular 9/E/2021), son elegibles.
El incentivo también se aplica a asociaciones profesionales (Stp) con ingresos empresariales.

La regulación también incluye organizaciones estables de entidades extranjeras que operan dentro del territorio italiano.
Sin embargo, excluye explícitamente a los profesionales, tanto italianos como contribuyentes extranjeros dedicados a actividades empresariales ocasionales, y entidades no residentes sin una organización estable en Italia.

Las entidades que determinan sus ingresos empresariales utilizando criterios simplificados, como el régimen de tarifa plana bajo la Ley 190/2014 o regímenes de impuestos sustitutivos, también pueden aplicar el incentivo 5.0.
Sin embargo, el nuevo crédito fiscal no está disponible para empresas en liquidación voluntaria, quiebra, acuerdos preventivos sin continuidad empresarial u otros procedimientos de insolvencia.
Las empresas que enfrentan sanciones bajo el Decreto Legislativo 231/2001 y el Código Antimafia (Decreto Legislativo 159/2011), aquellas que no cumplen con las regulaciones de seguridad laboral y aquellas que no cumplen con las obligaciones de contribución a la seguridad social y bienestar para los trabajadores también están excluidas del beneficio.